La vivienda: problema social y político

La esencia de la política debe ser la de hacer efectivos aquellos valores que permitan construirse a la persona y establecer una sociedad donde los principios más dignos (solidaridad, igualdad efectiva, respeto, protección y apoyo al débil,… etc), reinen. Y el instrumento que debe asegurarlos es un sistema político que, con una dinámica efectiva, de verdad favorezca la realización del proyecto de vida de personas y familias, de modo que la dinámica política e institucional esté al servicio de la sociedad, corrigiendo y erradicando todo aquello que proviniendo de los poderes de hecho, produzca el efecto de suplantarla, distorsionarla, impedirla.

Y entre nosotros esto cada vez es menos así, porque la sociedad que somos se ve abandonada por una dinámica política e institucional que se niega a ejercer su función subsidiaria corrigiendo injusticias. El entramado institucional se puede decir que ha desaparecido, porque  se ha entregado a la permisividad con los fuertes que se desayunan cada mañana con el sufrimiento y desamparo de los débiles. Aquí “fuertes” ha de ser sinónimo de los grandes poderes económicos: bancos, grandes corporaciones, empresas muy poderosas que están llevando casi a la disolución a la sociedad sacrificándola en aras de sus intereses que se despliegan como egoístas, insolidarios, y, al final, opresivos. Esta democracia se ve cada día más burlada por la dictadura del dinero y sus poseedores.

Una muestra la tenemos con lo que sucede ahora mismo con el tema de la vivienda en España. La vivienda es un bien necesario sin el que es imposible establecer un proyecto de vida personal y familiar, y entre nosotros se ha tornado prácticamente inaccesible. Y aun los que disponen de vivienda se ven en el brete de poder perderla por una legislación injusta y antisocial que expresa los intereses de los poderes económicos y que deja en nada el constitucionalmente declarado “derecho a la vivienda”.

El 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso en evidencia, a través de un dictamen, como los poderes económicos se conducen parasitariamente con respecto al derecho de los ciudadanos a tener una vivienda, en torno al que se multiplican los abusos de los poderes financieros. Decía el dictamen, que la legislación hipotecaria española “… contraviene el derecho de la Unión … al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual ..., adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria ... puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva".

Esta situación, que “dicho en plata” significa que los bancos se conducen opresivamente con los que quieren adquirir una vivienda,  demuestra cómo el derecho a vivir dignamente está siendo impedido por poderes económicos privados y abusivos; y cobra una impresionante relevancia política, porque pone una vez más en evidencia a la democracia española de la que se espera que corrija esta situación, pero ¿los poderes políticos asumirán esa obligación? ¿Se limitarán a procurar que se den algunos cambios irrelevantes para que todo siga igual?

La indignación del pueblo que cada día más vive “a salto de mata”, se hace tan evidente que los políticos se hallan entre la espada y la pared. La espada es la creciente reacción social que cada vez más exigente, se atreve, impulsada por la propia desesperación, a dirigirse directamente contra los diputados. La pared es la actitud antisocial de bancos, grandes corporaciones, bolsa, mercados, inversionistas poderosos que quieren mantener la situación a toda costa, a costa de la gente de a pie, para que su cuenta de resultados se mantenga.

El gobierno está acorralado y debe legislar para corregir el inaceptable sesgo que la legislación vigente presenta. El gobierno Rajoy anunció que la nueva ley tendría en cuenta “ciertas objeciones” del Tribunal de Justicia de la UE, pero…¿cuáles?, desde luego no parece que se vaya a restaurar el interés dañado de los ciudadanos, pues de inmediato precisó que “no se puede contemplar en ningún caso la anulación retroactiva de los impagos”.

La “leal oposición” mientras tanto se calla, seguramente ellos no iban a hacer algo diferente, sino idéntico o muy parecido. La vivienda se ha tornado problema social y político no baladí, porque en realidad está socavando el sistema.

Daniel Barcala Gil